Una vez tenga la certeza de que ha ganado algún premio de la Lotería del Tolima (Premio Mayor, Tripleta, o Premios Secos) acérquese a nuestras dependencias con el original del billete y una fotocopia de la cédula.

Sobre este particular la Constitución en su artículo 336, ha dicho que los únicos monopolios que podrán establecerse en el país son aquellos de arbitrio rentístico; es decir aquellos que tienen una finalidad de interés público,

La ley 643 de 2001. En ella se fija su régimen y se establecen las condiciones bajo las cuales los particulares pueden operarlos.

La ley los define como el porcentaje de los ingresos brutos de cada juego, que deben pagar los terceros (concesionarios) a la Lotería del Tolima, para la administración del juego.

Es una modalidad de juego de suerte y azar. Realizada en forma periódica por un ente legal autorizado, el cual emite y pone en circulación billetes indivisos o fraccionados de precios fijos singularizados, con una combinación numérica;

Las mas altas propiedades y características físico-químicas de impresión y formato entre las que se tiene: Papel de seguridad, tintas fluorescentes y reactivas, impresión en relieve; microtextos, fondos microlineales; con el fin de evitar las falsificación o adulteración.

Según decreto 1350 de 2003, el chance es una modalidad de juego de suerte y azar, en la cual el jugador, en un formulario oficial, manual o sistematizado, indica el valor de su apuesta y escoge un número de no más de cuatro cifras, que si coincide con el resultado del premio mayor de la lotería o premio autorizado, gana un premio en dinero.

Existen varios delitos detectados contra estas modalidades de juegos de suerte y azar, que debemos conocer para poder controlar, siendo los más comunes:

Son otra modalidad de juegos de suerte y azar. El decreto 1968 de 2001, las define como el sorteo en fecha predeterminada, de premios en especie entre quienes hubieran adquirido o fueran poseedores de una o varias boletas emitidas con numeración en serie continua y puestas en venta a precio fijo por un operador, previa autorización de la autoridad competente.

Corresponde a los municipios la explotación de las rifas que operen en su jurisdicción.